“A mí no me apura nadie”. Las palabras se las escucharon decir a Osvaldo Jaldo cuando le hicieron saber que había 36 ternas a su disposición para mandar a la Legislatura y de esa manera seguir cubriendo vacantes en el Poder Judicial.

La frase sorprendió, pero hubo quienes recordaron rápidamente que al gobernador lo pusieron en medio de una situación que no esperaba y creen que su reticencia a avanzar, al menos por ahora, en darles trámite a esas ternas tiene que ver con eso.

Cuando Jaldo asumió en el Poder Ejecutivo una de sus primeras medidas fue subsanar los errores que había cometido su antecesor, Juan Manzur, quien no había dado trámite a las ternas que llegaban desde el Consejo Asesor de la Magistratura y eso derivó en que se acumularan más de 100 vacantes. El 3 de noviembre, cinco días después de asumir, envió 30 ternas a la Legislatura. Ese mismo día justificó: “entendemos que esta es una medida que contribuirá para darle más celeridad a la acción de la Justicia, pero también que es una obligación del Poder Ejecutivo enviar los pliegos a la Legislatura para la cobertura de los cargos vacantes”, en un tiro por elevación al mismo Manzur. Y en los días posteriores postuló a otros 12 candidatos con lo que, luego del trámite en el Poder Legislativo, la Justicia pudo cubrir 42 vacantes.

Pero luego todo cambió. Y a pesar del paso del tiempo, y de que desde el CAM remitieron nuevas ternas, no hubo avances en la cobertura ya que Jaldo no envió los nombres a la Legislatura. Hoy sobre el escritorio del Ministerio de Gobierno y Justicia se acumulan 36 ternas fundamentales para la Justicia en el camino de dar celeridad a los procesos judiciales.

Una interna

Pero, ¿qué pasó en el medio de lo que comenzó siendo una celebrada actuación con el envío de ternas a la Legislatura a permitir que se amontonen ternas sin darles una resolución? Al gobernador no le habría gustado nada quedar en medio de una interna entre el Poder Judicial y el Legislativo cuando se sancionó una norma que equiparaba a los fiscales con los auxiliares fiscales ampliando prerrogativas cuando no habían sido seleccionados por el CAM sino directamente por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Diez días después de que el 15 de mayo la Legislatura votara en general a favor de cambios significativos en leyes que involucran a la administración pública, Jaldo decidió vetar parcialmente los cambios, y tiró abajo los dos más controvertidos: por un lado la ampliación de prerrogativas para los auxiliares fiscales, y por otro la ampliación de territorialidad para los jueces penales de la provincia. De esta forma se puso fin a una polémica, impulsada por la Legislatura, pero en el que muchos vieron la mano tanto del titular del MPF, Edmundo Jiménez, como de miembros de la mismísima Corte Suprema de Justicia. Los cambios propuestos por la Legislatura, justamente desde el bloque oficialista, fueron duramente criticados por la oposición e incluso por los presidentes de los Colegios de Abogados de la provincia. El veto de Jaldo, quien no habría sido consultado al respecto y casi que se enteró por los medios de comunicación, derivó en que los auxiliares fiscales no podrán reemplazar a los fiscales en ninguno de los actos que constitucionalmente les competen. Y que si, como algunos sostenían, los fiscales estaban abarrotados de trabajo y el caudal que manejaban podía llegar a repercutir en retardo de Justicia, debería analizarse la posibilidad de crear nuevas fiscalías, cubiertas por fiscales seleccionados por el CAM o a lo sumo por subrogancias, pero no que los auxiliares reemplacen a los titulares de cada fiscalía. “Somos los más interesados en cubrir todas las vacantes del Poder Judicial (PJ) y lo hemos demostrado con hechos concretos, al cubrir las vacantes. Hay que seguir fortaleciendo el Poder Judicial, pero dentro de los marcos constitucionales y legales”, enfatizó Jaldo en ese momento tras lo cual dijo que las medidas “eran anticonstitucionales y no respondían a leyes vigentes”.

Amado se refirió a las vacantes judiciales y a las críticas del Frente Renovador hacia Jaldo

El 29 de agosto pasado, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, se refirió al problemas de las ternas que tiene en su poder. “En estos 10 meses de gobierno se han designado 42 magistrados en los distintos fueros y centros judiciales de la provincia. Actualmente, tenemos en el Ministerio de Gobierno y Justicia 34 pliegos para analizar, con dos más que ingresaron recientemente”, explicó. Y destacó la importancia de completar este proceso para garantizar el funcionamiento óptimo del Poder Judicial en Tucumán. “Estamos trabajando para asesorar de la mejor manera posible al gobernador sobre las ternas que ya han pasado las instancias del Consejo Asesor de la Magistratura. Una vez que concluyamos con el tema paritario, el gobernador seguramente dispondrá quiénes serán los elegidos para cubrir estas vacantes”. Sin embargo, aún no hay resolución al respecto. Fue en ese ámbito cuando el gobernador hizo saber que sería él quién decidiría cuándo enviaría los pliegos a la Legislatura. Y la razón sería justamente el sinsabor que debió pasar con el tema de los auxiliares fiscales. “Lo hicieron tener que involucrarse en un tema que se había debatido entre otros poderes sin que lo consultaran y ahora quiere dejar en claro quién maneja las riendas”, explicó una fuente cercana al gobernador.

Otros 30 concursos

El problema es que la situación en la Justicia con las vacantes sigue siendo delicada. A las 36 ternas que están en el Poder Ejecutivo hay que sumar que en el CAM hay actualmente 30 concursos en trámite. Es decir que efectivamente hay casi 70 vacantes en este momento. A mediados del año pasado había 110 vacantes. Según dijeron las fuentes consultadas, las ternas serán elevadas a la Legislatura en los próximos días, pero la situación aún está lejos de resolverse.